El presidente Donald J. Trump declaró este miércoles una Emergencia Nacional en respuesta a las acciones del gobierno brasileño que se consideran una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos.
La Declaración de Emergencia Nacional invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y otras autoridades legales para abordar lo que denomina una "amenaza inusual y extraordinaria" planteada por el gobierno de Brasil.
Con esta acción, el presidente Trump ordena un arancel adicional del 40 % a las importaciones brasileñas, elevando el total al 50 % y abre la puerta a nuevas sanciones económicas y restricciones para las personas y entidades involucradas en abusos.
En particular, la orden ejecutiva hace referencia a la persecución por motivos políticos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y sus partidarios, incluyendo arrestos, redadas y censura. También denuncia el congelamiento de activos, las multas y amenazas de procesamiento penal recibidas por varias empresas estadounidenses en el país sudamericano que se han negado a acatar las exigencias de censura brasileñas.
La Orden concluye que la persecución, la intimidación, el acoso, la censura y el enjuiciamiento por motivos políticos del Gobierno de Brasil contra el expresidente brasileño y miles de sus partidarios constituyen graves abusos contra los derechos humanos que han socavado el Estado de derecho en Brasil.
Funcionarios brasileños, en particular el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, están acusados de presionar a empresas tecnológicas estadounidenses para que censuren contenido de ciudadanos estadounidenses, entreguen datos de usuarios y modifiquen las políticas de moderación de contenido.
El 28 de mayo de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una política de restricción de visas dirigida a los extranjeros responsables de la censura de la libertad de expresión en Estados Unidos; el 18 de julio, el jefe de la diplomacia de EEUU ordenó revocar las visas del juez de Moraes, sus aliados en la Corte y sus familiares directos.
La Casa Blanca indicó que el presidente Trump "ha reafirmado constantemente su compromiso de defender la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos contra amenazas extranjeras, incluyendo la protección de la libertad de expresión, la protección de las empresas estadounidenses contra la censura ilegal y la exigencia de responsabilidades a quienes violan los derechos humanos por su comportamiento ilegal".
La presidencia de EEUU mencionó que miembros del gobierno de Brasil han tomado "medidas sin precedentes para coaccionar tiránica y arbitrariamente a empresas estadounidenses para que censuren el discurso político, expulsen a usuarios de sus plataformas, entreguen datos confidenciales de usuarios estadounidenses o modifiquen sus políticas de moderación de contenido, so pena de multas extraordinarias, procesamiento penal, congelación de activos o exclusión total del mercado brasileño".
"Esto socava no solo la viabilidad de las operaciones comerciales de las empresas estadounidenses en Brasil, sino también la política de Estados Unidos de promover elecciones libres y justas y salvaguardar los derechos humanos fundamentales tanto en el país como en el extranjero", agrega la comunicación.
La Casa Blanca denuncia que desde 2019, De Moraes ha abusado de su autoridad judicial para "amenazar, atacar e intimidar a miles de sus oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir la disidencia, a menudo en coordinación con otros funcionarios brasileños, incluyendo otros jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en detrimento de empresas estadounidenses que operan en Brasil".
"El juez de Moraes ha emitido unilateralmente cientos de órdenes para censurar en secreto a sus críticos políticos. Cuando las empresas estadounidenses se han negado a cumplir estas órdenes, les ha impuesto multas cuantiosas, ha ordenado su exclusión del mercado brasileño de redes sociales, ha amenazado a sus ejecutivos con procesos penales y, en un caso, ha congelado los activos de una empresa estadounidense en Brasil para obligarla a cumplir. De hecho, además de encarcelar sin juicio a personas por publicaciones en redes sociales, el Juez de Moraes supervisa actualmente el procesamiento penal del Gobierno de Brasil contra Paulo Figueiredo, residente estadounidense, por un discurso que pronunció en territorio estadounidense, y ha apoyado las investigaciones penales de otras personas estadounidenses tras exponer sus graves violaciones de derechos humanos y corrupción", indica la Casa Blanca.
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